El empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, dueño de TUM Transportistas Unidos Mexicanos, fue detenido en Estados Unidos y trasladado al centro de detención de Adelanto, California, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
De acuerdo con el Sistema de Localización de Detenidos en Línea, Quintanilla, identificado con el Número de Registro de Extranjero 246058749, fue arrestado hace más de una semana y se encuentra a la espera de que las autoridades definan su situación jurídica en territorio estadunidense.
Su caso también coincide con un historial judicial que se ha incrementado en los últimos años, pues acumula más de 60 procesos federales y locales entre amparos, juicios penales, litigios mercantiles y controversias administrativas, sin que ello haya frenado su expansión en sectores estratégicos, como lo informó Proceso el pasado 25 de noviembre.
La detención del empresario ocurre en un contexto en el que autoridades estadunidenses mantienen bajo escrutinio a perfiles corporativos mexicanos involucrados en presuntas actividades ilícitas. Figuras como Víctor Manuel Álvarez Puga o Raúl Beyruti han reforzado la atención internacional sobre empresarios con operaciones transfronterizas.
Litigios
En este marco, los señalamientos contra Quintanilla no sólo obedecen a los contratos obtenidos por TUM, TUM Logística y EVM Energía del Valle de México, sino también a un volumen inusual de litigios recientes.
Tan solo entre 2024 y 2025, promovió decenas de recursos en materias penal, civil y administrativa, incluidos más de 50 juicios federales en la Ciudad de México y diversas impugnaciones contra determinaciones de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros.
En uno de esos procedimientos, identificado como amparo indirecto 681/2025, acusó a un agente del Ministerio Público capitalino de no entregarle copias certificadas de una carpeta de investigación.
A los procesos federales se suman 11 juicios civiles y mercantiles en tribunales locales con empresas como Tip de México, CSI Leasing e Importaciones Marktorne, además de demandas con particulares, entre ellos el notario Amando Mastachi Aguario.
La actividad litigiosa del empresario tampoco es reciente, ya que el expediente más antiguo identificado se remonta a 2016, cuando promovió un amparo contra la Cámara de Senadores por un asunto relacionado con MCS Aerocarga de México. Esta empresa, vinculada a Grupo TUM, ha sido señalada por presuntas irregularidades en el registro de aeronaves, pues versiones periodísticas apuntan a una flotilla de al menos 12 aviones, de los cuales ocho carecen de registro de propiedad claro tanto ante autoridades mexicanas como ante la FAA estadounidense.
Al cúmulo de procesos se suma un supuesto adeudo fiscal en Estados Unidos a través de la filial EVM USA LLC, así como la existencia de órdenes de aprehensión relacionadas con acusaciones por posible administración fraudulenta. Pese a ello, ninguna entidad pública ha suspendido los contratos en los que Quintanilla participa, y sus empresas mantienen una relación contractual activa con dependencias mexicanas.
Diversas fuentes también lo ubicaban de manera recurrente en Los Ángeles, Las Vegas y Miami antes de su detención, aunque ninguna autoridad había confirmado su estatus legal o migratorio.
Uno de los puntos que más controversia ha generado en torno a la actividad empresarial de Quintanilla es su expansión en sectores estratégicos mediante contratos públicos. En 2024, el Servicio Postal Mexicano adjudicó a TUM Transportistas Unidos Mexicanos División Norte y a TUM Logística un contrato de hasta mil 718 millones de pesos para operar rutas postales troncales y primarias hasta 2027, luego de un proceso en el que ambas compañías fueron las únicas participantes.
Dicha adjudicación se suma al contrato plurianual por mil 010 millones de pesos que la misma dependencia le otorgó en 2020 y que estuvo vigente hasta noviembre de 2023.
En el ámbito energético, las sospechas se han concentrado en los esquemas mediante los cuales la empresa EVM Energía del Valle de México participó como proveedora del Sistema de Aguas de la Ciudad de México entre 2020 y 2023.
Aunque los contratos por más de 400 millones de pesos fueron firmados con la razón social CFE Calificados, diversas investigaciones documentaron que la proveedora real habría sido EVM Energy. Dicho mecanismo operaba sobre una acotación contractual que apuntaba a una central eléctrica ubicada en Axapusco, Estado de México, vinculada a la familia del empresario, la cual no aparecía en los documentos oficiales y cuya omisión sostiene la hipótesis de un esquema de triangulación.
Los señalamientos también apuntan a supuestos vínculos financieros con directivos de CI Banco, así como a movimientos que podrían ser de interés para organismos como la FinCEN.
Aunque estas versiones no han sido confirmadas por autoridades mexicanas o estadunidenses, forman parte de un entorno de sospechas que acompaña al empresario desde hace varios años.
Pese a la magnitud y persistencia de los escándalos, los contratos públicos a su favor permanecen vigentes y sin revisión aparente, mientras su situación jurídica en Estados Unidos continúa bajo evaluación por parte de las autoridades migratorias.
Con información de Proceso