Autoridades de Estados Unidos revocaron la VISA al empresario mexicano Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, conocido por su participación en el sector del blindaje vehicular y la seguridad privada, por presuntamente participar en actividades ilícitas como corrupción y lavado de dinero.
El caso está vinculado con investigaciones en torno a Epel LLC, una compañía registrada en Aventura, Florida. Autoridades estadounidenses sospechan que esta empresa operó como un mecanismo para transferir activos entre México y Estados Unidos, fuera del circuito de sus negocios declarados.
La decisión se alinea con otras acciones emprendidas recientemente contra empresarios y exfuncionarios mexicanos, quienes son señalados por delitos financieros como lavado de dinero y contratos adjudicados de forma irregular.
En paralelo, agencias de fiscalización y justicia en México también mantienen indagatorias activas sobre la red empresarial de Margolis.
Investigaciones en México: contratos, triangulación y recursos ilícitos
La empresa Blindajes EPEL S.A. de C.V., controlada históricamente por Margolis, es objeto de investigaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las indagatorias apuntan a operaciones con recursos de origen ilícito, evasión fiscal y adjudicaciones directas de contratos públicos.
El expediente CEDAC-004040-2025-FGR detalla presuntas irregularidades relacionadas con ingresos en efectivo no declarados y estructuras paralelas para el movimiento de recursos.
Entre 2019 y 2024, Blindajes EPEL obtuvo 55 contratos gubernamentales con un valor superior a los 445 millones de pesos. Las instituciones contratantes incluyen:
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Banco de México
- Consejo de la Judicatura Federal
- Fiscalía General de la República (FGR)
- Gobiernos de Nuevo León, Chihuahua, Michoacán y Veracruz
Las autoridades fiscales analizan una posible red de empresas fachada empleadas para triangular fondos y ocultar el verdadero flujo financiero.
Señalamientos por su vinculación con casos judiciales mediáticos
Contexto: Eduardo Margolis fue mencionado en al menos tres procesos judiciales ampliamente difundidos: el caso Wallace, el caso Vallarta-Cassez y el caso George Khoury Layón. Su cercanía con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, figura como un elemento central.
En el caso Vallarta-Cassez, Israel Vallarta lo identificó como uno de los responsables de su captura. Testimonios señalan que Margolis tuvo acceso a información privada a través de una relación personal con Florence Cassez. Estuvo presente en la planeación del montaje televisivo de la captura y participó, según informes del Protocolo de Estambul, en actos de tortura.
En 2005, en el caso George Khoury Layón, Margolis habría intervenido para ordenar una detención arbitraria relacionada con disputas comerciales. Fuentes indican que contó con apoyo de policías federales ligados a García Luna y de personal penitenciario que respondía a sus intereses.
Relaciones empresariales, mediáticas y pérdida de poder
Margolis estableció vínculos con medios a través de su empresa CV Directo de México, dedicada a la venta de productos por televisión. Esta cercanía le permitió mantener relaciones con figuras de alto nivel en medios de comunicación y estructuras policiales.
También fue señalado por su relación con Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace”, desde su participación conjunta en agencias de inteligencia y seguridad, como el CISEN y la AFI.
En años recientes, su poder empresarial ha disminuido. Fuentes del sector indican que su socio Ernesto Mizrahi Haiat asumió el control operativo de Blindajes EPEL. Además, surgió la compañía Total Shield, considerada una estructura paralela para reducir el escrutinio público y financiero.
La sede histórica de Blindajes EPEL en Polanco dejó de operar como centro de actividades principales. Sin embargo, Margolis mantiene operaciones en ubicaciones cercanas mediante una red de empresas que siguen obteniendo contratos públicos.
Salud deteriorada y presencia activa en entornos penitenciarios
Desde 2006, Margolis enfrenta un cuadro médico complicado por leucemia. Recibió un trasplante de médula y posteriormente un trasplante de riñón que su cuerpo no asimiló. Requiere diálisis domiciliaria con regularidad.
Pese a su condición física, se reporta que mantiene presencia e influencia en centros penitenciarios, con capacidad para intervenir en procesos judiciales y financiar la reclusión de individuos con los que sostiene disputas legales.
Su figura pública ha perdido fuerza. Su respaldo político, empresarial y comunitario disminuyó en los últimos años. La Fundación Kadime, dirigida por su esposa, redujo significativamente sus actividades desde inicios de 2024.
La revocación de la visa a Eduardo Margolis es relevante porque implica a un empresario con historial de contratos públicos millonarios y presuntas conexiones con redes de lavado de dinero y corrupción.
El caso conecta investigaciones en México y Estados Unidos, expone posibles abusos de poder y revela vínculos con figuras clave del sistema judicial y de seguridad.
Además, refleja cómo estructuras empresariales operan entre ambos países, eludiendo controles fiscales y legales, lo que lo convierte en un tema de alto interés público y político.
Con información de La Silla Rota